La publicación de la Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la metodología para el cálculo de los peajes de regasificación, transporte y distribución de gas a partir del 2021, ha tenido una contundente respuesta de Sedigas. La Asociación Española del Gas, ha manifestado que estos cálculos impiden al sector gasista realizar su contribución a una sociedad limpia y descarbonizada.

La propuesta supone un cambio radical en el modelo, introduciendo peajes que actualmente no existen y eliminando la componente de presión en los peajes de distribución y, entiende Sedigas, que la modificación en los peajes provoca una mayor complejidad operativa. En los peajes de salida de la red de distribución existe una variación de la clasificación de los consumidores, por la que se pasaría a agrupar a los consumidores únicamente por consumo, en vez de por presión y consumo. Esto daría lugar a un gran nivel de incertidumbre sobre el precio final de facturación, al tener que considerar el consumo que del año anterior, para aplicar el peaje correspondiente.

En cuanto al impacto económico en el consumidor final, produce efectos muy dispares entre las distintas tipologías de clientes del sistema gasista. En el caso de los suministros pequeños y medianos, sufrirán incrementos muy importantes en su factura a causa de los nuevos peajes; en el caso del consumidor doméstico y la industria, gran consumidora, saldrán beneficiadas.

El sector gasista también advierte de la existencia de variaciones muy relevantes en los peajes respecto de los valores actuales (entre -53% y +220% en función del volumen de consumo), además de existir discontinuidades en el paso de un peaje al siguiente, provocando que se den discriminaciones. Esta situación, añade Sedigas, genera inseguridad para el consumidor y denota que la CNMC debe profundizar en una metodología que elimine o, al menos, mitigue dichas discontinuidades.

Asimismo, la asociación advierte que hay varios elementos de la metodología propuesta que es contraria a las directrices de política energética emitidas por el Ministerio y que además no se han realizado dentro de un plazo suficiente.

Argumentan que se ha dado una falta de consulta pública previa y transparencia para poder reproducir todos los cálculos. Además, hubiera sido deseable una hoja de ruta detallada de la implantación de la circular, coordinando todos los elementos regulatorios para asegurar el mínimo riesgo posible a los agentes del sistema gasista. Añaden que el plazo de tres meses dado para valorar las circulares es totalmente insuficiente. Sería necesario que los nuevos precios no entrasen en vigor hasta octubre de 2020 y que diera tiempo a que la CNMC adapte los formatos de comunicación entre agentes. Hasta entonces, no se debería aplicar ningún cambio de condiciones de facturación que afecte a los consumidores.

Sedigas recuerda que la metodología de cálculo debería incentivar la inyección de biometano y otros gases de origen renovable, contribuyendo así a la descarbonización de la economía y mejora de la calidad del aire. Sin embargo, la propuesta pone en riesgo este avance en la lucha contra el cambio climático.