¿Quién está detrás realmente del movimiento de oposición a Reganosa? ¿Quién paga los costosísimos 21 procesos judiciales en que este grupo lleva 17 años embarcado? ¿Quién le suministra información sensible? ¿Quién marca las estrategias, fija los tiempos y dicta las consignas?

En las últimas semanas, el comité de empresa de Reganosa ha realizado declaraciones en varios medios sobre la campaña de acoso a la que está sometida la empresa gallega y las relaciones entre la abogada que pretende el cierre de la planta, que se llama Patricia Gabeiras, y Enagás, que es la dueña de todas las terminales de GNL de España, excepto la del puerto de Ferrol. Días después de que esta información comenzase a difundirse, el 18 de octubre la propia Gabeiras, quien ha interpuesto todos los procedimientos judiciales contra la planta de Mugardos desde el año 2001, publicó en la red social Twitter un mensaje que decía: “A mi cuñado Guzmán Solana le removieron como Pte de Enagas en el 2002 cuando no incluyó a Reganosa en el plan estratégico por ser ilegal”.

A raíz de estas manifestaciones de la letrada y de los comunicados difundidos por los trabajadores de la empresa, Gaznews puso en marcha una investigación periodística y ha tenido acceso a documentos que demuestran la existencia de vínculos entre Enagás y la abogada del grupo que quiere cerrar la terminal de Reganosa.

El movimiento contra la compañía gallega se articula formalmente en torno a una organización llamada Comité Cidadán de Emerxencia (CCE). Aunque a lo largo de los últimos años ha ido perdiendo miembros y ya apenas cuenta con respaldo social, este grupo nació con fuerza en la zona de Ferrol en el año 2001. Surgió de la anteriormente denominada Plataforma para a Defensa da Ría de Ferrol, agrupación moderada y orientada a causas diversas relacionadas con el entorno y actividad en la ría. Esta asociación, junto con otras, fue reconvertida en el CCE. El teniente general en la reserva José Gabeiras Montero, nombrado presidente de honor, se encargó de articularlo y liderarlo con un único fin: impedir que la planta de Mugardos existiese. En aquella génesis, Patricia Gabeiras acompañó a su padre, ofreciéndose para asumir la representación legal y judicial del CCE.

Cuando constituyó el CCE en 2001, el teniente general, fallecido en 2005, era suegro de Guzmán Solana Gómez, por aquel entonces presidente de Enagás. Patricia Gabeiras, por tanto, era a la vez abogada del CCE constituido contra Reganosa y cuñada del presidente de Enagás. Los vínculos no terminan aquí, pues en aquellos inicios del CCE la letrada trabajaba como socia en Roca Junyent Abogados, bufete que al mismo tiempo asesoraba a Gas Natural, sociedad por entonces propietaria de Enagás.

La historia de Gas Natural y Enagás está íntimamente ligada desde que en el año 1994 el Estado aprobó la venta de la segunda a la primera mediante adjudicación directa. La compañía adquiriente continuaría siendo accionista de la adquirida hasta junio de 2009, momento en el que vendió su último 5 % de participación en la misma.

En su tuit del pasado 18 de octubre, Patricia Gabeiras realizó dos manifestaciones clave: confirmó su relación familiar con el que era presidente de Enagás cuando ella y su padre pusieron en marcha el CEE y reveló que su cuñado tenía una postura contraria a la planta de Mugardos, un hecho que, según dice también, le habría costado el cargo. Efectivamente, Guzmán Solana maniobraba en contra de la instalación. En el año 2002, tres después de que se hubiese iniciado el procedimiento de autorización, el directivo seguía afirmando públicamente que no le constaba que estuviese prevista una terminal de GNL en Ferrol, y esta infraestructura se omitía en los informes de planificación que Enagás enviaba al Gobierno cada año.

La trayectoria de Guzmán Solana muestra no obstante a un ejecutivo que ha desarrollado diversas actuaciones en el grupo empresarial de Gas Natural desde 1993 hasta el presente año, por lo que ha recibido elevadas retribuciones e indemnizaciones. En 1998 Solana era consejero delegado de Gas Natural y Antonio Llardén, ahora presidente de Enagás, era el director corporativo adjunto al consejero delegado. En aquella época, Guzmán Solana era también vicepresidente de Repsol y consejero en La Caixa, las dos sociedades que poseían la mayor parte de las acciones de Gas Natural.

En septiembre del año 2000 Guzmán Solana fue nombrado presidente de Enagás. Una de las principales actuaciones desarrolladas durante su presidencia fue la preparación de la salida a bolsa de la empresa, que se culminaría con la OPV de acciones de junio de 2002. Según el informe presentado por Enagás y Gas Natural para su verificación a la CNMV el 7 de junio de 2002, la existencia de otros operadores que podían desarrollar infraestructuras en el sistema gasista era un riesgo para Enagás, que hasta ese momento desarrollaba la actividad de transporte en régimen de monopolio.

En abril de 2002, Guzmán Solana cesó en Enagás y recibió una compensación de tres millones de euros. Desde entonces, continuó ocupando altos cargos en empresas del grupo y volvió a la matriz Gas Natural en 2005 como consejero y presidente de la Comisión de Auditoría y Control. Ese mismo año, Antonio Llardén ocupaba el cargo de director general de Recursos y en enero de 2007 fue nombrado presidente de Enagás.

Por otro lado, las relaciones entre este grupo de empresas y la familia Gabeiras florecían mientras el CCE desarrollaba sus actuaciones. José Manuel Gabeiras Vázquez (hijo del general y hermano de Patricia) era miembro del consejo de administración de ServiRed (sociedad participada por La Caixa) y fue nombrado presidente en 2000. En  2005 fue designado también presidente de otra de las sociedades participadas de La Caixa: Visa Europe.

Según datos del Registro Mercantil de Madrid fechados a 28 de octubre de 2019, Patricia Gabeiras consta desde 1998 como apoderada de una SL denominada Guzfersis cuyos administradores solidarios son formalmente Guzmán Solana –quien falleció en junio de 2019- y la esposa de este y hermana de Patricia. Dicha sociedad limitada, además, es actualmente consejera de una sicav a cuyo frente figura también el expresidente de Enagás.

Hoy, además de la práctica totalidad de la red troncal, Enagás posee seis de las siete plantas de gas construidas en España: la de Barcelona, Sagunto (Valencia), Bilbao, Cartagena, Huelva y la de Gijón, que está intentando legalizar y poner en funcionamiento, después de que el Gobierno central la hibernase en 2012 por innecesaria. Si Reganosa desapareciese, la compañía que preside Antonio Llardén conseguiría acaparar todas las infraestructuras gasistas del país y se aprovecharía del hueco dejado en el mercado por la gallega.

Según un comunicado del comité de empresa de 18 de octubre de 2019, dentro del actual trámite administrativo de la planta de Mugardos iniciado por Reganosa, en los últimos días Enagás ha presentado alegaciones directas contra la infraestructura en las que “comparte la estrategia del CCE, afirma que existe una gran conflictividad social” y exige un estudio de aceptación social. Manifiesta el comité que “primero una asociación con la que tienes vínculos mantiene la litigiosidad durante muchos años y luego pides que se repare en esa litigiosidad”. Litigiosidad que empezó Patricia Gabeiras en el año 2001. La pescadilla que se muerde la cola.