La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por ANFAC, SERNAUTO, AOP, ASPAPEL, FEIQUE, FIAB, OFICEMEN, PRIMIGEA y UNESID ha enviado a la vicepresidenta tercera y  ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, una carta solicitando que el Gobierno de España se oponga frontalmente a una nueva medida regulatoria que está considerando la Comisión Europea. La medida consistiría en un sistema de alerta que obligaría a los Estados miembros a reducir su consumo de gas en unos porcentajes preestablecidos, un mecanismo que se activaría unilateralmente por la Comisión o por petición de dos Estados.  

En un comunicado conjunto, la Alianza ofrece al Gobierno su apoyo «en todo lo que considere necesario para defender los intereses de España y oponerse a esta propuesta».

Entre las razones que argumentan en la misiva destacan que «no tiene sentido imponer reducciones de consumo de gas en todos los países por igual, independientemente de su situación particular y de que el gas no consumido pueda o no ser exportado y consumido por otros países de la Unión».

Entienden, además, que forzar paradas industriales en países en los que no es necesario, «agravará la escasez de productos esenciales en toda Europa y aumentará el impacto económico de la crisis, poniendo en riesgo el funcionamiento de toda la cadena de valor de la economía europea».

La gran industria entiende que los consumidores de gas españoles, domésticos e industriales, vienen financiando desde hace años una gran inversión en infraestructuras de gas, precisamente para reducir el riesgo de dependencia de un solo país suministrador. Este incremento de costes, añaden en el comunicado, lo han asumido «para limitar nuestra exposición a cortes de suministro, siendo incoherente que se pueda decidir por parte de la propia Comisión Europea que paremos nuestras fábricas y se genere gratuitamente una caída de actividad y empleo».

Una propuesta como la contemplada, concluyen en el comunicado, requiere escrutinio completo de las instituciones comunitarias, no pudiendo escamotearse de su debate al Parlamento y Consejo europeos.