Las inversiones en nuevas infraestructuras de gas natural licuado (GNL) se incrementarán en torno a un 50% hasta 2024, hasta alcanzar los 42.000 millones de dólares, según un análisis de la empresa de investigación energética Rystad Energy recogido por Europa Press.

El estudio argumenta que los nuevos proyectos están impulsados por el aumento en el corto plazo de la demanda de gas por parte de Europa y Asia debido a la crisis energética desatada tras la invasión rusa de Ucrania.

Según el análisis, las inversiones en infraestructuras de GNL se mantendrán estables este año con alrededor de 27.000 millones de dólares (frente a los 28.000 millones aprobados en 2021), mientras que en 2023 crecerán hasta los 32.000 millones y en 2024 se alcanzarán los 42.000 millones de dólares. A partir de ese momento, las previsiones de Rystad apuntan a un fuerte descenso de la inversión en este tipo de infraestructuras, hasta alcanzar los 2.300 millones de dólares en 2029.

Sin embargo, prevé que en 2030 la inversión en proyectos ligados al GNL se recupere con anuncios de proyectos por alrededor de casi 20.000 millones de dólares. «Es poco probable que la inversión en GNL regrese a los niveles de 2024 a medida que los países aumenten las inversiones en tecnologías bajas en carbono», añade el estudio.

En ese sentido, la empresa considera que «aunque existe la determinación de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y la transición a una combinación energética baja en carbono» por parte de los países, la demanda de GNL crecerá a corto plazo.

Así, pronostica que la demanda global de gas aumentará un 12,5% de aquí a 2030 y también que, en el mismo periodo, la región de las Américas -principalmente Estados Unidos- representará el 30% de la demanda total, mientras que la de Asia-Pacífico significará el 25%.

En este contexto, dos de los principales proyectos gasistas que están sobre la mesa en España son la finalización del Midcat, el gasoducto que conectaría el país con Francia a través de los Pirineos y que, de momento, es rechazado por el Gobierno galo, y el ‘plan B’ (como lo ha denominado Pedro Sánchez) de conectar las regasificadoras de Barcelona y Livorno (Italia) con un tubo submarino.