Los activistas de Greenpeace han reactivado en España sus asaltos a regasificadoras para pedir el fin de los combustibles fósiles. Primero las instalaciones de Enagás en Sangunto y ahora las de Reganosa en Mugardos han sufrido las acometidas de estos activistas portando carteles con el lema «El gas es caro y contamina».

Estos asaltos se producen en un contexto de alto impacto del aumento de los precios de la energía y las dificultades para la llegada de gas a España en un momento de alto consumo por su uso en la generación de energía. Según fuentes del sector, obvian que el gas es imprescindible para la transición y para garantizar la necesidad del suministro energético en España.

No deja de ser curioso también que ese gas contra el que protestan sea una de sus fuentes de enriquecimiento de la asociación. Mientras en España Greenpeace asalta instalaciones de Enagás y Reganosa, en Alemania una de sus empresas filiales se dedica, precisamente, a vender gas.

Así lo explicaba hace unos días en sus redes sociales el experto Manuel Fernández Ordóñez. Allí explica como cómo desde 1999 la organización Greenpeace «ha fundado empresas para poder suministrar energía con estrictos requisitos medioambientales». Una de estas empresas, explican, «empezó en 2011 a suministrar un producto denominado «porWindgas», que en teoría es el resultado de producir hidrógeno como combustible usando energía eólica».

Este gas tan ecológico se comercializaría mezclado con biogás —es decir, gas producido a partir de residuos orgánicos o de productos naturales como remolacha— y, sobre todo, gas natural ruso muy parecido al que bloquean en España.

Aseguran, además, que durante una década «este gas se ha vendido a los consumidores como ecológico, cuando el 99% de su composición era gas natural sin más. En enero de este año, sin embargo, empezaron a introducir en la mezcla el biogás, pero la mezcla sigue sin ser muy ecológica: sólo un 1% de hidrógeno ‘eólico’, un 10% de biogás y un 89% de gas ruso».

Sanción de 170.000 euros a Greenpeace por el asalto en Sagunto

Capitanía Marítima ha abierto un expediente sancionador contra Greenpeace por la acción de protesta que llevó a cabo el pasado 26 de octubre en el Puerto de Sagunto. Así lo recoge «El Periódico de la Energía» que se hace eco de las declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez.

Martínez ha explicado que la parálisis del buque cargado de gas ha llevado a la empresa a desviar un segundo barco que también iba a atracar en Sagunto a Cartagena, «en previsión de que pudiera haber algún otro conflicto».

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia destaca que Capitanía le impuso la sanción de 170.000 euros en concepto de fianza y para cubrir gastos, incluida la estancia en el Puerto de Sagunto, recinto que abandonó el pasado 9 de noviembre. Por su parte, la APV también instruirá expediente sancionador «por incumplir nuestra ley y reglamento» en aspectos como coger práctico para entrar, ha ejemplificado.

El presidente de la Autoridad Portuaria, que ha querido agradecer el trabajo y la «delicadeza» del trabajo de la plantilla de Sagunto para hacer frente a una «situación compleja», ha señalado con la protesta, Greenpeace «lo único que se ha conseguido es desviar el tráfico» pero «el balance de la cantidad de gas que entrará en España va a ser el mismo», con lo que las consecuencias a nivel global serán prácticamente «nulas».

Asimismo ha celebrado que «afortunadamente» el gas haya llegado al país, aunque sea a través del puerto de Cartagena, porque «con el déficit de gas que hay ahora en España, solo faltaba que se bloquearan los puertos de España y tuviéramos un problema de suministro», ha dicho.