La Fiscalía de Perú investiga a Enagás en el caso de la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano. Una investigación vinculada al denominado caso “Lava Jato” sobre la trama de sobornos de la constructora brasileña Oderbretcht a la cúpula gubernamental del país para conseguir la adjudicación de infraestructuras.

La fiscala Geovana Mori incluye finalmente a 31 personas a las que acusa por delitos de asociación ilícita, colusión agravada y lavado de activos. Según recogen diversos medios de comunicación del país, entre esos investigados está Enagás, socia de la constructora brasileña en la licitación del proyecto del gasoducto, una infraestructura de 1.080 kilómetros valorada en 6.500 millones de euros que, tras saltar el escándalo, fue suspendida por no conseguir financiación.

Pagos ilícitos

Perú, al igual que otros países lationamericanos, lleva años investigando la trama de corrupción de Oderbrecht que afecta a la cúpula del Gobierno de Ollanta Humala. Tras años sin indicios, la situación cambió el pasado verano. Entonces, la constructora brasileña decidió empezar a colaborar con el estado peruano en relación con el caso del Gasoducto Sur y reconoció haber realizado pagos ilícitos para conseguir la adjudicación del proyecto.

La fiscalía decidió ampliar entonces su investigación sobre el caso e incluir finalmente a 31 personas entre las que se encuentra el representante de Enagás en el país, David San Frutos, sospechando que habría cometido un delito de colusión entre el 2011 y el 2015 para verse favorecidos con la concesión del gasoducto. Según la fiscala, el directivo habría realizado, en nombre de Enagás, dos pagos a Oderbrecht por importe de 56 y 81 millones de euros que figurarían bajo los conceptos de “nuevos aportes” y “dividendo pasivo”.  

Colaboración con la Justicia

Ante la información, de la que se hacen eco los medios locales, Enagás ha emitido un comunicado en Perú en el que asegura no haber participado ni tenido conocimiento de acto ilícito alguno con ocasión de la licitación y adjudicación internacional del proyecto del Gasoducto Sur Peruano. Añade, además “que adoptará las medidas legales oportunas para la mejor defensa de sus derechos” y asegura que colaborará con la Justicia.

La investigación de la Fiscalía, que se adecuó a la ley del crimen organizado, durará 36 meses. En ese plazo se decidirá si se abre juicio oral o se archiva.