La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha pedido al Gobierno que avale «préstamos energéticos», al «igual que hay un aval para los bancos que prestan dinero a través de las líneas ICO». El objetivo sería hacer frente a posibles impagos ante la normativa aprobada con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus.

En un comunicado, esta asociación, que agrupa a empresas que suministran el 15 % de la electricidad y el 18 % del gas natural de toda España, explica que las empresas comercializadoras de energía que no son distribuidoras pueden quedarse al descubierto ante el cese de actividad de miles de autónomos, pymes y empresas.

Por eso, dada la extensión del estado de alarma, las comercializadoras consideran que el Estado debería avalar los «prestamos energéticos» a los que están obligadas las comercializadoras libres, que tienen que suspender los pagos a clientes afectados por el estado de alarma. En este sentido, ACIE explica que si finalmente el «préstamo» no se pagara, habría un aval del Estado para las comercializadoras de luz y gas, igual que hay un aval para los bancos que prestan dinero a través de las líneas ICO.

A juicio de la asociación, esa medida contribuiría parcialmente a paliar el esfuerzo económico que el COVID-19 está causando a la actividad de comercialización de energía. Explican que ese aval debería estructurarse sobre un horizonte de 12 a 24 meses, en previsión de que los efectos reales de los impagos puedan ser más notorios en los próximos meses.

La regulación que se aprobó para aplicar durante el estado de alarma no exime a los comercializadores de energía del pago de los peajes de transporte y distribución, haya o no impago por parte de los clientes vulnerables o de vivienda habitual, según ACIE, que se queja de que la normativa aprobada por el COVID-19 no reparte el impacto económico de manera equitativa entre actividades reguladas y no reguladas.

Por ello, envió en marzo un escrito al Ministerio para la Transición Ecológica transmitiéndole que las medidas dispuestas por el Gobierno incentivan a millones de clientes a acudir al mercado regulado para la prestación de su suministro eléctrico.

El Gobierno amplió por el estado de alarma y su impacto en las economías los supuestos para acogerse al bono social, el descuento en la factura de la luz que sólo pueden solicitar clientes con tarifa regulada, que es suministrada sólo por las comercializadoras de referencia. ACIE denuncia que, sin embargo, la ley no prevé un mecanismo de vuelta de los consumidores a los comercializadores libres, situación especialmente perjudicial si son comercializadores independientes.